Ley Sinde: por que no
En 2005, la industria discográfica pidió al Parlamento Europeo que incluyera la lucha contra la piratería en su directiva sobre retención de datos sobre actividad telefónica y de Internet. En España, dicha directiva se adoptó con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).
Dos años después, en 2007, se aprobó la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), reformando dicha LSSI-CE que, presuntamente, debía proteger a los ciudadanos de maldades como el SPAM.
La LISI otorgó poder a la Administración Pública y “órganos competentes” para retirar contenidos de Internet. En 2008 se reformó dicha Ley de la Censura, que pretendía otorgar a SGAE la condición de “organo competente” para retirar contenidos de la red y cerrar páginas web sin ningún tipo de orden ni intervención judicial.
En 2009, el Gobierno de España lanzó su proyecto de Ley de Economía Sostenible. con la excusa de reformar la economía española para acelerar la salida de La Crisis™.
Tras cinco años de intentos, la LES incorpora finalmente todas las medidas que la industria del ocio y el entretenimiento quería. La LES prevé que una comisión seleccionada a dedo por la industria del ocio, sin ninguna necesidad de experiencia previa, tenga la capacidad administrativa de cerrar cualquier página web sin necesidad de orden judicial, pudiendo actuar a petición de empresas con sede fuera de España.
La LES prevé dichas opciones mediante la Disposición Final conocida como Ley Sinde, nombrada por la actual Ministra de la Cultura, Ángeles González-Sinde, una persona con lazos muy estrechos con la industria del ocio y el entretenimiento que podría estar vulnerando la legalidad del régimen de incompatibilidades.
Los trámites de la LES han sido lentos y dolorosos para el Gobierno español, que ha visto como la avaricia de algunas entidades amigas como SGAE mermaban las opciones de aprobar la ley con sigilo.
SGAE es una entidad amenaza y chantajea, responsable del concepto “canon digital”, por el cual se graba cualquier dispositivo susceptible de usarse para realizar “copias ilegales” con un impuesto totalmente arbitrario e indiscriminado.
Recientemente, el Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado como ilegal la aplicación del canon de forma indiscriminada, asestando un golpe tremendo a las aspiraciones de SGAE y otras entidades de gestión que defienden la aplicación de estos impuestos revolucionarios, arbitrarios y, ahora, ilegales.
Países como Alemania también aplican algún tipo de canon, pero la diferencia es que, mientras una bobina de CDs en Alemania cuesta apenas 6€, en España, la avaricia de SGAE sube el precio hasta unos 31€, dependiendo del comercio. 25€ de diferencia y el caudillo de la SGAE tiene la desfachatez de asegurar que “no existen diferencias de precio entre países que aplican ‘canon’, y que si las empresas no pagan, los ciudadanos deberemos pagar doble.
Es hora de decir basta. Sin embargo, y aunque no ha podido aprobar la LES con el sigilo deseado, el PSOE ha estado negociando secretamente con dos partidos políticos, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco, que han dado su beneplácito a apoyar al Gobierno Español en dicha ley, a cambio de contrapartidas económicas.
El PNV, que perdió el gobierno autonómico gracias a que el Partido Socialista Obrero Español pactó con su presunto archienemigo el Partido Popular para situar un socialista como Lehendakari, ahora se vende por medio plato de lentejas caducadas al mismo partido que le echó con una elegante patada en el trasero y que, a su vez, ni se preocupa por esconder sus intereses vendidos a la gran industria del espectáculo.
Esta semana se votan diferentes enmiendas a la Ley de Economía (In)Sostenible. Es hora de decir basta. Es hora de preguntar a los partidos políticos para quien trabajan: para nosotros, ciudadanos, o para empresas privadas nacionales y foráneas.
Es momento de pedirles que paren una ley escrita a medida por y para la industria del ocio, que va a convertir a los ciudadanos españoles, ya no en sospechosos, si no en culpables antes de empezar a hablar.
Es hora de salir de la red, porque la LES no afecta solamente a Internet y a sus frikis. Hay que preguntar directamente a los diputados y diputadas, traspasar la información a amigos, vecinos y compañeros de trabajo, hablar con los partidos políticos, con sus bases y con sus agrupaciones locales.
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