Los paranoicos de la seguridad acostumbran a destacarse por ver enemigos en todas partes. Por algo se les llama “paranoicos”. Pero la diferencia está en que los paranoicos caseros simplemente toman medidas de precaución que les afectan sólo a ellos, pero los paranoicos del gobierno toman medidas que nos afectan a todos. Y no precisamente nos mejoran la calidad de vida y, ni mucho menos, nos protegen contra el malvado terrorismo internacional.

El último caso, un panfleto del FBI y del Departamento de Justícia de los Estados Unidos de América que forma parte del programa “Comunidades contra el terrorismmo”.

En él, se detallan los aspectos que hacen a un usuario de cualquier cibercafé ser sospechosa de ser un terrorista internacional, ya saben, aquello por lo que si no existiera Internet no tendríamos que preocuparnos.

Entre la lista de actividades sospechosas a realizar se incluye el uso de anonimizadores como Tor o una red privada virtual (VPN), el uso de criptografía, intentar evitar que otros vean la pantalla de su ordenador, o simplemente ser un firme defensor de la privacidad. También si el cliente del cibercafé consulta material relacionado con tacticas militares o literatura revolucionaria, ya saben, desde el Anarchist Cookbook hasta el último bestseller de autoayuda.

Realizar cualquiera de esas actividades, al menos en un cibercafé, te incluye en la lista de sospechosos de terrorismo del FBI y quien lo descubra puede seguir una serie de recomendaciones, a saber: recabar información sobre el potencial terrorista (eso si, sin atraer su atención), tomar nota de matrículas de los vehículos que use así como su descripción, idiomas que hable, etnia (¿¡!?)...

Eso si, una advertencia: “tan sólo porque las acciones, creencias, apariencia o forma de vida de alguien sean diferentes, no significa que sea un sospechoso”. Menos mal que lo dicen, porque si no las centralitas del FBI se iban a llenar de falsos positivos… Oh, esperen…

El crowdsourcing es, en algunos casos, una muy buena opción. En temas de seguridad y lucha contra el terrorismo, es realmente una mala idea. Emplazar a ciudadanos de la calle a denunciar “actividades sospechosas” como evitar que nuestro vecino vea la pantalla del ordenador es de una irresponsabilidad total y completa. No sólo por el “falso positivo”, si no porque representa un intento de convertirnos a todos en policías de todos nuestros vecinos.

El terrorismo se combate de una sola forma: evitando que nos aterroricen. A menudo, y más últimamente, quienes intentan aterrorizarnos llevan traje y corbata, salen por la tele y suelen tener algún cargo político electo.

Via | Public Intelligence
Foto | Joel Deluxe

Així, la solució no és fer una aturada d’un dia no enviant tuits, o passar-se a d’altres serveis (centralitzats també, gran encert!), la solució és usar serveis distribuïts, o tenir el nostre propi nom a la xarxa.

En éste mundo no todo son descargas, películas, discografias y libros. El mundo de la cultura (si amigos) también incluye la ciencia y la investigación. Y ese mundo también está afectado por las nuevas leyes basura del copyright.

Un ejemplo lo tenemos con el grupo editorial Elsevier, que ha logrado soliviantar los ánimos de investigadores y científicos por todo el mundo con sus prácticas casi monopolísticas, apoyando además las nueves leyes como la SOPA o la PIPA o la de Trabajos de Investigación, todas tres en los Estados Unidos de América.

Sobre la SOPA y la PIPA ya hemos hablado, pero de la Ley de Trabajos de Investigación no. Ésta ley, presentada en el Congreso el pasado Diciembre, incluye la prohibición expresa de permitir el acceso a material de investigación pagado con fondos públicos:

Ninguna agencia federal podrá adoptar, aplicar, mantener, continuar ni iniciar ninguna política, programa ni otra actividad que (1) cause, permita o autorice la diseminación de ningún trabajo de investigación del sector privado sin el consentimiento previo del editor de dicho trabajo; o (2) requiera que ningún autor actual o futuro, o el contratante de dicho autor actual o futuro, consienta a la diseminación de un trabajo de investigación del sector privado.

Hay que tener en cuenta que el texto habla de “editor” del trabajo y “contratante del autor”. Es decir, que según el texto, si una empresa privada realiza una investigación pagada con fondos públicos de los contribuyentes, no tiene por qué poner a disposición de dichos contribuyentes (ni de nadie) el resultado del trabajo.

Si el mundo de la ciencia ha realizado los avances que ha realizado, ha sido gracias a poner en común todas sus teorías, investigaciones y resultados, para poder compararlos, comprobarlos y revisarlos. Si la Ley de Trabajos de Investigación sale adelante (aún está en fase de debate), los editores, y no los científicos, van a controlar los avances de la ciencia, pudiendo mantener tal o cual investigación en el cajón.

No hablamos de patentes, hablamos de estudios de física, química, medicina, cirugía… nuevas técnicas que pueden mejorar la calidad de vida de personas, o ‘simplemente’ (en comillas muy grandes) de resultados que cambien por completo la visión del mundo tal y como lo conocemos ahora.

No hablamos sólo de que los que han financiado dichos estudios puedan acceder a los mismos de forma libre y gratuita. Ningún científico podrá trabajar con esos datos, ya sea para refutarlos o avanzar el trabajo a partir del punto donde quedó la investigación, a menos que tenga un bolsillo enorme repleto de billetes y esté dispuesto a pagar de su bolsillo, o que sus jefes consideren oportuno hacer el desembolso.

Curiosamente, los congresistas que presentaron la ley han recibido financiación del grupo editorial Elsevier y el apoyo de la Asociación Americana de Editores (AAP en inglés) y la Alianza del Copyright.

En el bando contrario, los que se oponen a esta nueva salvajada, están las universidades americanas o la Asociación Americana de Bibliotecas, y algunos miembros de la AAP, el grupo editorial de Nature o MIT Press, han presentado una nota de rechazo.

Obviamente, aunque la ley aplique sólo en los Estados Unidos de América, afecta a todos, porque de científicos e investigadores los hay por todo el planeta, y si quieren consultar o añadir cosas, tendrán que pasar primero por la caja de las editoriales del trabajo que quieran desarrollar.

Como en cualquier obra o contenido cultural, la intención última del autor es que su trabajo sea difundido lo más ampliamente posible. Y en ciencia mucho más. Porque si los avances científicos no se difunden, ¿de qué sirve ser investigador?

Imagen | Derek Keats

Kenneth J. Ford es un abogado de Martinsville, en el estado de Virginia Occidental. Él solito presentó más de 22.000 demandas entre Septiembre y Noviembre de 2010 contra presuntos infractores de copyright. Su presunto delito: que presuntamente se habían descargado películas pornográficas harcdore (y por los títulos, no son presuntas sino porno duro de verdad).

La táctica de Ford era la de demandar a personas poco informadas por descargarse dichas películas de forma ilegal, para luego pedir una compensación económica a cambio de retirarla. Un troll del copyright en toda regla.

Esas 22.000 demandas se presentaron en forma de un único caso, pero el juez de Virginia le dijo que ni de coña, ya que cada uno de los afectados podría tener una defensa completamente diferente, así que le emplazó a presentar los casos de forma individual, pagando 350 dólares y haciendo el papeleo por cada uno de ellos.

Como buen troll, Ford vio que presentando 22.000 casos a 350 dólares el caso, el negocio no le era rentable, así que retiró la demanda y se fue a Washington DC.

Antes de ser un troll del copyright y provocar a ese juez, Ford ya había recibido varias amonestaciones, incluso le retiraron la licencia en cinco ocasiones. Pero eso era cuando se dedicaba al tema de los divorcios.

Luego se pasó al porno, fundando su propia empresa, “Adult Copyright Company”, para proteger a productoras de cine para adultos de los pecadores del copyright. ¿Dije proteger? Mejor será “proporcionar ingresos extra” mediante prácticas peligrosamente parecidas a la extorsión, que es lo que hacía realmente.

Al abogado Ford le iba muy bien hasta que llegaron los señores del Gobierno Federal. En su mano, una acusación de falsificación de una orden judicial y una de fraude.

Resulta que uno de sus clientes le apremiaba para que hiciera su trabajo, así que ni corto ni perezoso, recicló una orden antigua que tenía la firma de un juez y realizó una nueva, que entregó a su cliente, con un par.

Realizar demandas masivas pidiendo dinero a cambio puede que sea legal, pero no demasiado ético. Pero una cosa es no tener ética, y otra muy diferente incurrir en delitos de falsedad documental y fraude.

Si, el caso puede ser anecdótico, pero es de lo más divertido y muestra las consecuencias reales de las leyes basura que pretenden defender los derechos de autor: seres que buscan lucrarse mediante extorsión y amenazas.

Por cierto, se ve que Ford ya no aparece en la lista del bufete en el que trabajaba, y que además su mujer le ha abandonado. No es por hacer leña del árbol caído, pero tiene tela.

Via | Ars Technica
Imagen | Tim Wayne

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, más conocido como ACTA, constituye uno de los mayores engaños que ha realizado la Comisión Europea. Mediante negociaciones secretas, empezó a fraguarse como un tratado de comercio que iba a mejorar sustancialmente la competitividad y a estimular la creación de empleo, pero la verdad está muy alejada de la realidad.

La Comisión Europea se ha estado esforzando durante todos estos años para vender ACTA como un tratado de lo más normal, totalmente inofensivo en tanto a derechos civiles, pero siempre ha intentado silenciar cualquier crítica al tratado, al mismo tiempo que ha presionado para imponer su visión ante el Parlamento Europeo, que al final es el organismo que vota para aprobar o rechazar cualquier petición.

Precisamente ahora le toca mover al Parlamento, que en su sesión plenaria de Junio votará sobre ACTA. Los miembros del Parlamento ya están bajo presión, y no sólo por parte de los grupos de la industria del copyright, si no del Directorado de Comercio Internacional, un sub-organismo de la Comisión, el mismo que se encargó de empezar y llevar la negociación de ACTA en el más absoluto oscurantismo durante más de 3 años.

La lista de mentiras, engaños y medias verdades es larga. Por ejemplo, desde la Comisión aseguran que ACTA no es SOPA. Y no lo es, pero es mucho peor. ACTA es el texto base en que se han inspirado las leyes que instauran la censura y coartan libertades y derechos de ciudadanos por todo el mundo, desde la SOPA a la Ley Sinde-Wert, pasando por HADOPI, Digital Economy Bill, Ley Lleras… veamos las más importantes en una lista creada por La Quadrature du Net:

“ACTA es importante para la competitividad exterior, el crecimiento, el empleo y la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea”

• ACTA es un producto directo de la ofensiva de los grupos de presión lanzada en 2004 por la Cámara Internacional de Comercio, presidida por el entonces Director Ejecutivo de Vivendi-Universal, Jean-René Fourtou, cuya esposa era la relatora de la Directiva sobre Aplicación de Derechos de la Propiedad Intelectual (IPRED), aprobada ese mismo año en el Parlamento Europeo. Es uno de los ejemplos más claros de intereses privados actuando por encima de decisiones políticas.
  
• Puede que ACTA se haya negociado como otros acuerdos comerciales, pero no es un simple tratado sobre aranceles. ACTA generaliza las sanciones civiles y amplía el espectro de aplicación de sanciones penales.
  
• Obligando a la Unión Europea a adoptar este tipo de modelos obsoletos y aplicando esquemas que se pueden usar como armas para amarrar la competitividad, solo se conseguirá dificultar la innovación, la competitividad y el crecimiento. No solamente en la nueva economía digital, si no en muchos campos que se basan en la transmisión de conocimiento, desde la agricultura (semillas) a la sanidad (medicamentos genéricos).
  
• Nunca se ha hecho un estudio serio sobre la necesidad de adoptar un acuerdo global como éste. La Comisión nunca ha probado que una aplicación de estándares más restrictivos de forma global será beneficioso para el interés público de la UE, y menos para el resto del mundo.
• En vez de imponer ACTA a los países en desarrollo, la UE debería ser consciente de las consecuencias de sus políticas actuales en innovación, acceso a la cultura y derechos fundamentales, reformando esas políticas para sentar las bases dse una economía del conocimiento real.
• Al contrario de las afirmaciones de la Comisión, la transparencia en la negociación del ACTA solamente se logró una vez que los documentos se filtraron por parte de algunos participantes en la misma, preocupados por las consecuencias de ACTA. Esas filtraciones forzaron a los negociadores a publicar la documentación en la primavera de 2010, más de tres años después de empezar las negociaciones.
• La negociación y aplicación de ACTA sortea todas las organizaciones internacionales legítimas donde se discuten temas de copyright, patentes y políticas asociadas como la Organización Mundial de Comercio (WTO) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Esta acción es completamente inaceptable, considerando que cada vez más países comprenden la importancia de reformar dichas políticas alejándose de la represión.

“ACTA es un acuerdo equilibrado, que provee protecciones adecuadas a los sectores que las necesitan, al mismo tiempo que se mantienen los derechos de los ciudadanos y consumidores.”

• Las salvaguardas en el texto son puramente genéricas y declarativas, casi siempre en secciones generales del acuerdo, donde las previsiones de aplicación, muy vagas, son vinculantes para los firmantes. Por ejemplo, un estudio legal de los profesores Kroff y Brown hacen hincapié en que ACTA “refuerza significativamente las medidas de aplicación (especialmente las penales), sin ninguna de las salvaguardas ni excepciones necesarias para asegurar un equilibrio de intereses entre los titulares de los derechos y los usuarios”.
• La Comisión dice que ACTA no va más allá del acervo comunitario, pero los expertos legales de la UE han dejado claro que en los puntos importantes si que lo hace: particularmente en las medidas penales, para las cuales no existen precedentes, y en las medidas respecto a fronteras.
• El contenido de ACTA puede no ser contrario a la Directiva de Comercio Electrónico, la Directiva sobre el Derecho de Autor (EUCD) o la Directiva sobre Aplicación de Derechos de la Propiedad Intelectual (IPRED), pero las refuerza y evita que los legisladores de la UE puedan enmendarlas en puntos cruciales.
• La lógica general de los capítulos digitales de ACTA sientan las bases para tomar medidas extra-judiciales, muy parecidas a las de la SOPA y la PIPA, en las que los titulares de los derechos y los proveedores de servicios, ya sean de Internet o fiscales, “cooperarán” para tomar medidas contra las alegaciones de infracción que se limitan a mecanismos de censura, sorteando los procesos judiciales establecidos y el derecho a un juicio justo.
• Esta lectura se reafirma mediante las sanciones penales previstas para los que “ayuden y amparen” las infracciones. Todo ello se hace más claro mediante la estrategia relativa a la Propiedad Intelectual de la Comisión Europea y las revisiones actuales de la IPRED y la Directiva de Comercio Electrónico.

“ACTA trata de aplicar adecuadamente los derechos actuales de la propiedad intelectual, pero no crea derechos nuevos.”

• ACTA modifica el espectro de sanciones penales en los estados miembros de la UE, asegurando que se aplicarán en casos de infracción a “nivel comercial”, que se define como “aprovecharse económica o comercialmente de forma directa o indirecta”. Éste término es vago, abierto a interpretaciones y directamente erróneo cuando se trata de determinar el espectro de aplicación proporcionada, así como incapaz de discriminar entre infracción comercial o sin interés de lucro. Las extendidas prácticas sociales, como el intercambio individual de ficheros sin ánimo de lucro, así como la edición de una web informativa o la distribución de herramientas tecnológicas innovadoras, se podrían considerar como “nivel comercial”.
• Extendiendo el espectro de sanciones penales para “ayudar y amparar” tales “infracciones a nivel comercial”, ACTA creará herramientas legales que amenazan a cualquier parte participante en Internet. Proveedores de acceso, servicios o alojamiento sufrirán de una peligrosa incertidumbre legal, haciéndoles vulnerables a cualquier litigio con la industria del entretenimiento.
• La Presidencia del Consejo de la Unión Europea (que representa a los gobiernos de los 27 estados miembros) tuvo que negociar ACTA conjuntamente con la Comisión Europea. La Presidencia negoció el capítulo de “sanciones penales” de ACTA, que no pudo ser negociada por la Comisión como ley penal como parte de las competencias de los Estados Miembros. Esto ilustra que no existe acervo comunitario en sanciones penales, y prueba que el ACTA modifica las leyes de la Unión Europea.
• Más allá de ampliar el espectro de los efectos y aplicación del copyright, patentes y marcas registradas, ACTA establece nuevas reglas de procedimiento en favor de la industria del ocio y el entretenimiento. Dichos procedimientos tienen un efecto disuasorio en potenciales innovadores y creadores, tomando en especial consideración las insensatas previsiones de daños y perjuicios. Durante un juicio, los titulares de derechos podrán presentar su propia lista de daños y perjuicios sufridos.
• En el futuro, el espectro de ACTA podrá expandirse fácilmente mediante el “Comité ACTA”. Dicho comité tendrá la autoridad de interpretar y modificar el acuerdo una vez ratificado, proponiendo enmiendas. Este es un proceso legislativo paralelo, que equivale a extender un cheque en blanco a los negociadores de ACTA, y crearía un precedente legal para pasar por encima de cualquier parlamento en el proceso de desarrollar leyes cruciales, lo que es completamente inaceptable en una democracia. Solamente esto justifica la anulación completa de ACTA.

“ACTA actúa de forma amplia, para proteger a todos los creadores e innovadores Europeos, a través de un amplio rango de medidas.”

• China, Rusia, India y Brasil, los países en que se produce la mayor parte de artículos falsificados, no son parte de ACTA y han declarado públicamente que nunca lo serán. Tomando en consideración la extendida oposición hacia ACTA, el acuerdo ha perdido cualquier legitimidad en el escenario internacional.
• Una vez más, la Comisión nunca ha probado la necesidad de nuevas medidas ni que las medidas existentes en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC son insuficientes.
• La Comisión sigue ejerciendo la represión, cuando muchas veces la falsificación es, básicamente, un fallo del mercado debido a modelos erróneos e inadecuados por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, no existe ninguna iniciativa de la Comisión Europea que tome un acercamiento positivo acerca de discutir nuevos modelos de financiación para la cultura que se adecuen al nuevo entorno digital.
• Los indicadores geográficos – un punto clave para las pequeñas empresas de Europa y su herencia cultural – se excluyen de ACTA. Las pocas referencias geográficas en ACTA tienen poco o ningún efecto en las leyes locales de terceros países.

ACTA es la inspiración de leyes como SOPA o PIPA en los Estados Unidos de América. Es un tratado global que ha sido negociado fuera de los parlamentos pero que cuenta con la intención de ser impuesto en todo el mundo.

La diferencia es que si se aprobara la SOPA, el Congreso de los Estados Unidos de América podría enmendarla o derogarla. Con ACTA, ni los estados miembros de la Unión Europea ni cualquiera de los firmantes del tratado podrán modificar sus leyes de copyright, patentes o derechos de autor, bloqueando cualquier proceso legislativo que modifique en lo más mínimo cualquiera de las leyes restrictivas que convierten a los ciudadanos en delincuentes del Copyright y les aplica penas de cárcel.

Si finalmente se aprueba ACTA, la industria del entretenimiento podrá presionar libremente cualquier sector en Internet bajo la amenaza de sanciones penales. Los intermediarios (ISP por ejemplo) serán forzados a aplicar esquemas de bloqueo, filtrado de comunicaciones y borrado de contenido automatizados, cercenando las libertades de información y expresión de los usuarios de Internet.

La Comisión Europea solicita la cooperación entre los titulares de derechos y los proveedores de servicio de Internet como una forma de “medidas extra-judiciales” o “alternativa a un juicio”. Esto es un traspaso de las funciones de vigilancia y recabar pruebas delictivas desde los cuerpos de seguridad hacia los proveedores de servicio, que serán los responsables de hacer dichas labores. Y no solo eso, si no que también ejercerán de jueces, ya que serán obligados a decidir el tipo de sanción que aplicarán a sus propios clientes.

ACTA debe ser rechazado y enterrado, puesto que es un peligro para Internet y la economía, no solamente en la Unión Europea, si no para cualquier país firmante.

Vía | La Quadrature du Net

Tras el cierre inicial de Megaupload, se lanzó una plataforma de usuarios afectados por el cierre, que usaban el servicio para alojar ahí sus datos personales, laborales, fotos y demás.

A iniciativa de Pirates de Catalunya y con el apoyo de la Internacional Pirata, la plataforma conocida como Megacomplaint aglutina ya más de 4000 usuarios dispuestos a demandar al FBI por usurpación de información privada.

Pero los trámites lentos y farragosos de la justicia pueden chocar con la aplicación extralegal de las provisiones que contenía la ley SOPA, ya que el FBI, además de hacerse con los contenidos y cerrar dominios, ha congelado las cuentas de Megaupload, por lo que no se pueden realizar los pagos a los proveedores.

Y como los proveedores de Megaupload, Carpathia Hosting y Cogent Communications Group, no pueden cobrar, podrían empezar a borrar los datos de Megaupload a partir de este mismo jueves 2 de Febrero.

Casualmente, resulta que el FBI ya ha copiado algunos datos que podría necesitar para seguir adelante con el caso en los tribunales, y al parecer ahora se desentiende de todo lo demás. Es decir, ya tienen lo que querían, y el resto del contenido alojado en Megaupload, sea legal o no, no les interesa.

Es más, el FBI se está haciendo el sueco y dice que los usuarios que subieron sus datos privados a Megaupload tienen que apañárselas ahora con los dos proveedores de alojamiento, ya que “esto no va con nosotros”.

El abogado de Megaupload, Ira Rothken, asegura que están intentando mantener los datos de los más de 50 millones de usuarios en algún lado y evitar que sean borrados ya que no solo es importante que los usuarios conserven su propiedad, sino que necesitan también los datos para su propia defensa.

Somos optimistas, cautelosamente, en este momento porque el Gobierno Federal, así como Megaupload, deberían tener el objetivo común de proteger a los consumidores, por lo que se debería realizar este acuerdo.

Habrá que ver si el Gobierno Federal realiza su función de proteger los derechos de sus ciudadanos, o por el contrario opta por escurrir el bulto, dejar que los datos propiedad de más de 50 millones de personas, incluyendo los propios ciudadanos norte-americanos, los más de 2 millones y medio en España y usuarios repartidos por todo el mundo, sean borrados y, de paso, dificultar la defensa de los acusados en lo que será un juicio espectáculo de traca y violín (que las panderetas no son tan típicas por aquellos lares).

Vía | New Zealand Herald

Hace un par de semanas, un juez de La Haya mandó una orden a los dos grandes proveedores de servicios de Internet, Ziggo y XS4ALL, para bloquear el acceso de sus clientes al buscador de torrents The Pirate Bay. Ambos aceptaron, pero por imperativo legal.

Se trata de la primera orden judicial que introduce la censura de Internet en Holanda, a pesar de la moción aprobada para mandar la ley liberticida antidescargas a la basura. El lobby del copyright local, BREIN, cree que no es suficiente, así que siguen presionando al resto de proveedores para que corten el acceso al famoso buscador de torrents.

Dos de esos proveedores, KPN y T-Mobile, han hablado. Concretamente, le han dicho a los señores de BREIN que les pueden presionar todo lo que quieran con peticiones y requerimientos, pero que hasta que no les llegue una orden judicial obligándoles, no van a mover ni una pestaña:

En KPN no creemos que un bloqueo de acceso sea la solución adecuada. Lo que se necesita es un nuevo modelo de negocio atractivo y robusto que sea fácil de usar y ofrezcan un trato favorable tanto para productores como para consumidores de contenidos digitales.

T-Mobile apoya la Internet abierta y es fundamentalmente contrario a cerrar el acceso a cualquier web. La ley holandesa es muy clara al respecto de los bloqueos en Internet. T-Mobile solamente responderá a una orden judicial, no a las demandas de terceras partes como BREIN.

BREIN deberá decidir ahora qué hacer, si seguir con sus amenazas y demandar a los proveedores para intentar conseguir lo que ha conseguido con Zigoo y XS4ALL, que cortarán el grifo a TPB el próximo miércoles 1 de Febrero.

Ahora bien, está aún por ver como afectará este bloqueo, si es que llega a afectar en algo. Los caminos del Señor son inescrutables, y si se usa un proxy o una VPN, aún lo son más.

Via | Torrentfreak
Foto | Taramisu

Aún cuando algunos embajadores (incluyendo al de España) han firmado su adhesión al tratado, aún queda camino y el Parlamento Europeo puede tumbarlo, ya que el Parlamento aún debe votar en sesión plenaria, y la decisión es vinculante para todos los estados miembros.

La votación definitiva sobre el ACTA, que se celebrará previsiblemente en junio, está precedida por sesiones de cinco comités que aún tienen que decir, y mucho, sobre este tratado que convierte el acto de liberar un teléfono móvil en un delito castigado con cárcel.

En primer lugar, está el Comité de Comercio Internacional (INTA), que es el responsable de todos los asuntos relacionados con la política comercial y relaciones económicas externas de la Unión Europea, así como de lidiar con todas las medidas de estardarización entre la UE y terceros países.

ACTA va precisamente de eso, de una harmonización de medidas de lucha contra la piratería y el fraude, no sólo en productos digitales, si no también en productos físicos como ropa, complementos o medicamentos, por lo que el INTA es el comité que más tiene que ver con ACTA. En ese comité están María Correa, Carmen Fraga y Pablo Zalba (Popular) y Josefa Andrés y Emilio Menéndez del Valle (Socialista)

También deberá emitir su veredicto el Comité de Asuntos Legales (JURI), en el que están el eurodipudato Pirata Christian Engström y su antagonista, Marielle Gallo, a la par que los eurodiputados españoles Antonio López-Istúriz y Luis de Grandes (Popular) y Antonio Masip y Juan Fernando López Aguilar (Socialista) y tres diputados de Polonia, país que ha mostrado el desacuerdo con ACTA en las calles.

El Comité de Libertades Civiles (LIBE) también tiene que decir la suya, y en éste comité están los diputados españoles Juan Fernando López, Antonio Masip, Andrés Perelló y Carmen Romero (Socialista), a Agustín Díaz de Mera y Teresa Jiménez-Becerril (Popular) y a Raül Romeva (Verdes).

El Comité de Desarrollo (DEVE) también dará su opinión, y en él participan Francisco Sosa (de UPyD, no adscrito a ningún grupo), Agustín Díaz de Mera y Santiago Fisas (Popular), Ricardo Cortés, Enrique Guerrero y a Miguel Ángel Martínez (Socialista).

Y por último, el Comité de Industria (ITRE) en el que tenemos a Josefa Andrés, Maria Badia, Vicente Miguel Garcés y Teresa Riera (Socialista) y a Pilar del Castillo, Cristina Gutiérrez, Salvador Sedó y Alejo Vidal-Quadras (Popular).

Todos estos comités pasarán sus opiniones al comité INTA, que se reunirá entre el 29 de Febrero y el 1 de Marzo y emitirá su dictamen final en Abril o Mayo. Cabe destacar que la mayoría de Eurodiputados que votarán en el plenario del Parlamento en Junio lo harán según lo que salga del comité INTA, por lo que la primera decisión realmnte importante será tomada en la votación de INTA en Abril.

¿Qué se puede hacer? Pues según relata la eurodiputada Marietje Schaake en reddit, contactar con nuestros eurodiputados en Bruselas. En concreto, con aquellos presentes en los cinco comités decisivos, y especialmente en INTA. Se les puede comentar el tema, o emplazarles a asistir a la sesión informativa que realizará la propia Schaake en Abril.

Para contactar con ellos, ya sea por correo electrónico o teléfono, basta con seguir los enlaces a cada comité en este mismo artículo. Si queremos ejemplos de cómo contactar con nuestros representantes o sus delegados y secretarios, se puede consultar la página de ayuda de La Quadrature du Net en español.

En Nación Red | El ministro que desafía al gobierno por la firma del #ACTA advierte de un conflicto con la generación 2.0
| Frenemos la mayor amenaza a la libertad de Internet | El relator del #ACTA en el Parlamento Europeo dimite y denuncia maniobras para imponer el tratado | Medio millón de ciudadanos ya han firmado contra el #ACTA que nos quieren imponer

¿Que si Facebook inventó las relaciones interpersonales? Me encanta que me hagas esta pregunta...

Os juro que no tengo palabras para expresar mis sentimientos ahora mismo, pero lo intentaré.

A ver, que la cancamusa, la impostura y los vendedores de humo hagan eso, vender humo, es una cosa que puede tocar más o menos las narices. Pero que vengan ahora unos señores sociólogos de Harvard, recién salidos de su burbuja académica, a decirnos que están tremendamente sorprendidos de que alguien inventara eso de las relaciones personales unos 9000 años antes que Facebook, debería considerarse un atentado contra la inteligencia. Y como sería un atentado, debería aplicarse la anti-terrorista.

Al loro con lo que dice el perpetrador del estudio, Nicholas Christakis, profesor de sociología médica (¡sociología médica!) y medicina en la Harvard Medical School, y profesor de sociología en la facultad de artes y ciencias de Harvard:

Lo realmente sorprendente es que las antiguas redes sociales humanas se parecían mucho a lo que vemos hoy en día. Desde el momento en que estábamos sentados alrededor de una hoguera y nuestras palabras flotaban en el aire, hasta hoy cuando tenemos paquetes digitales de datos flotando por el éter, hemos hecho básicamente el mismo tipo de redes.

Y luego el co-autor, James Fowler, profesor de medicina genética y ciencia política (toma ya la mezcla) en la Universidad de California:

Hemos descubierto que lo que las personas modernas hacen actualmente con redes sociales en Internet es lo que siempre habíamos hecho – no solamente justo antes de Facebook, si no incluso antes de la agricultura.

El estudio sigue, pero no tengo valor para continuar leyéndolo.

Que dos sociólogos trasnochados que seguramente lleven los últimos 30 años viviendo encerrados en un sótano salgan a la calle es realmente notable. Que publiquen un nuevo estudio en el que descubren, en 2011, que el ser humano se relacionaba con otros seres humanos antes de Facebook es, como mínimo, motivo de fiesta y jolgorio de masas.

El siguiente paso lógico es que el rector de Harvard los ponga a trabajar en algo serio. Limpiando cunetas o lavabos de instituto sería un destino acorde con la trascendencia de su estudio.

Pero lo peor es que habrá quien se tome la gilipollez en serio. Y también en serio, cada vez me planteo más seriamente empezar a apartarme de la enorme fuente de imbecilismo en que se está convirtiendo la red últimamente.

Hace años, Internet era una herramienta que servía como fuente de información y contraste de la misma. Ahora, resulta que el éxito de una revolución democrática se basa en si ésta es trending topic en twitter (y no importa qué pasa luego), y ahora salen dos tipos de una ¿prestigiosa? universidad con esto.

Me quiero bajar.

Previously in Arfues.net: Banalidad, inmediatez y reflexión: lecciones del dospuntocerismo

En Polonia se protesta en la calle y en la red para pedir pedir explicaciones al gobierno por autorizar a su embajador a firmar hoy el tratado ACTA en Japón (depositario del acuerdo). En Austria los activistas de Anonymous bloquearon webs institucionales para llamar la atención sobre lo que se avecinaba. El caso es que todos los embajadores de la UE en Tokio, salvo los de Chipre, Estonia, Eslovaquia, Alemania y Holanda, han firmado hoy el ACTA en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Vamos con los países europeos cuyos embajadores han firmado: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.

También ha estampado su firma el Sr. Hans Dietmar Schweisgut,, embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Japón, que ha elogiado el ACTA al tener como objetivo mejorar los mecanismos para luchar contra la infracción de derechos de propiedad intelectual.

El Parlamento Europeo tiene todavía la oportunidad de ratificar o enviar a la basura el tratado. Recordemos que ACTA es un tratado impulsado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y tiene la bendición del Obamesías (aunque no se haya ratificado en el Senado todavía), que no sólo aplica penas de carcel a los delitos de la propiedad intelectual, si no que ilegaliza el mero hecho de saltarse una protección.

En Bruselas, el escuadrón de tanques a favor de ACTA lo lideran los señores Barroso y Van Rompuy. Y esta vez no será en alguna comisión como agricultura. Está siendo en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (DEVE), “debatiendo” (o mejor comentando) un informe del liberticida digital euroescéptico checo Jan Zahradil.

ACTA funciona así. Si compramos un libro electrónico que incluya esquemas DRM y solo podamos leer en un dispositivo (un libro comprado en Amazon sólo puede leerse en un Kindle), por el mero hecho de intentar pasarlo a nuestro ordenador para leerlo ahí, estaremos cometiendo un delito penado con cárcel. No hay que olvidar que el libro lo hemos pagado, y es nuestro.

Desde La Quadrature du Net han mandado una carta a los miembros del Comité DEVE del Parlamento, en que les informan del proceso seguido para la negociación del tratado basura ACTA, mediante secretismo, sin debate público, ni consultas, ni nada de nada, y que lo hayan hecho funcionarios no electos en nombre de todos los ciudadanos de la UE.

También tienen una página en que se detallan acciones a realizar por nosotros, ciudadanos y contribuyentes, para intentar parar este atropello al sentido común. En ella nos invitan a llamar a los miembros del comité para hacerles saber que:

• ACTA convierte a los proveedores de servicio en la policía privada del copyright y les responsabiliza de las acciones de sus clientes
  
• Que impone sanciones penales (carcel) de forma poco clara y por conceptos muy vagos
  
• Que la aprobación de ACTA ha pasado por encima de todo proceso democrático, negociándose a espaldas de ciudadanos y de todos los miembros del parlamento Europeo
  

Hay que exigir explicaciones a “nuestros” representantes en Bruselas y Madrid. A Soraya además le tenemos que preguntar por la ley de transparencia.

En Nación Red | El Consejo de la Unión Europea aprueba la firma de ACTA | Bruselas no frena su ofensiva pro ACTA en pleno debate mundial sobre las leyes contra Internet